A propósito del asesinato de Oscar Pérez y sus compañeros.
VANGUARDIA POPULAR CONDENA LA MASACRE Y EL CRIMEN POLÍTICO
El gobierno de Nicolás Maduro, una vez más, se mancha las manos de sangre al segar la vida de un grupo de combatientes liderados por Oscar Pérez; los cuales fueron masacrados en los alrededores de El Junquito, al oeste de la cuidad de Caracas, el lunes 15 de enero de 2018. Se trata de un crimen cobarde y alevoso, ejecutado con premeditación y saña, haciendo uso desproporcionado de la fuerza y luego de que sus víctimas se habían rendido, como lo evidencian numerosos testimonios audiovisuales que de forma profusa y en tiempo real circularon por las redes sociales.
Ni el hecho de que efectivamente se trataba de un grupo armado que había insurgido contra el régimen, ni el argumento de que opusieron resistencia armada contra las unidades policiales y militares que los rodearon y atacaron, pueden servir de excusas para justificar la violación flagrante de todas las convenciones y protocolos de guerra establecidos para estos casos, para el desconocimiento de todas las garantías constitucionales y legales existentes al menos formalmente, o para violar los derechos humanos, desconocer el derecho a la vida e implantar de facto la pena de muerte.
Se trata de un procedimiento concebido desde el principio como una operación de exterminio. La orden era matar, particularmente a Oscar Pérez, contra quien el régimen había desatado una cacería de brujas que incluía la publicación de afiches con su rostro y el clásico “Se busca” como en el viejo Oeste norteamericano. Es, sin embargo, el mismo procedimiento que todos los días, en cualquier rincón del país, ponen en práctica los cuerpos policiales contra ciudadanos inermes. Es el mismo esquema que se ejecuta con frecuencia en las razzias represivas llamadas OLP. Es la implantación de hecho de la pena de muerte como parte de una política de terrorismo de Estado que es sistemática y generalizada, que igual se emplea para el control de las manifestaciones públicas, para enfrentar la inseguridad o para reducir y aniquilar a adversarios políticos. Su propósito fundamental es exhibir la fuerza y determinación de una cúpula cívico-militar arrogante y corrompida que necesita ladrar duro para ocultar su debilidad, que busca perpetuarse en el poder sobre la base del hambre, la miseria, la represión y el reparto de dádivas.
Demandar una investigación transparente e imparcial, que conduzca al esclarecimiento de los hechos y al castigo de los responsables, resulta una quimera en un país de instituciones puestas al servicio de la dictadura, en el que un militante del régimen usurpa el cargo de Fiscal General, designado por una Asamblea Nacional Constituyente que, a su vez, es el fruto de un doble fraude: fraude a la Constitución y fraude a la voluntad de los electores. Sirva entonces la denuncia para alertar a la comunidad nacional e internacional frente a los desafueros de un régimen que asesina de hambre a su pueblo y que pretende silenciar con balas las voces disidentes y de protesta, y para exhortar a la más amplia unidad nacional contra la dictadura, por un Cambio de Rumbo urgente en la orientación de los destinos del país.
Caracas, 16 de enero de 2018
Comité Político Nacional de Vanguardia Popular (VP).
